por Mariana Aragón Mijangos

En el marco marzo, mes en el que conmemoramos la lucha feminista por la igualdad de derechos, siendo uno de los más sentidos el derecho a una vida libre de violencia, resulta oportuno visibilizar otra forma menos conocida que tiene lugar en el ámbito comunitario, también basada en los estereotipos de género y que afecta la manera en la que las mujeres transitamos nuestro día a día, me refiero a la violencia vial.

Los estereotipos de género inciden en el comportamiento de varones y mujeres al volante, mientras a las mujeres se nos invalida o cuestiona la capacidad y pericia para conducir, para los varones el uso del automóvil particular de manera agresiva y excediendo los límites de velocidad, ha sido otra manera de ejercer la masculinidad hegemónica, como demostración de poder. De ahí que la prima de seguros de vida y auto para varones sea más elevada que para las mujeres, pues es un comportamiento riesgoso para ellos, y sus acompañantes.

De acuerdo a ONU Mujeres, las mexicanas tendemos a realizar más viajes, más cortos, y más heterogéneos; utilizamos con mayor frecuencia el transporte público, en medianas y largas distancias; caminamos más que los hombres y preferimos compartir el automóvil, tomando en cuenta que la movilidad de la mayoría de las mujeres se caracteriza como movilidad de cuidados (hijxs, adultos mayores, personas con discapacidad o movilidad limitada) y/o de carga (compras y/o mercancía para vender), lo que hace que nuestros desplazamientos ocupen mayor espacio y tiempo.

De acuerdo con Estadísticas a Propósito del Día Mundial en recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito (INEGI, 2021), ese año se reportaron 4 401 víctimas mortales en el lugar del accidente y 82 466 personas lesionadas, de las cuales la segunda causa fue colisión con persona peatona (atropellamiento) con un total de 836 (19.0 %). Entonces, si quienes caminamos más somos las mujeres, podemos inferir que las mujeres corren mayor riesgo de morir atropelladas.

Un último dato, tradicionalmente en los países latinoamericanos ha sido evidente la masculinización del uso del automóvil particular, en Buenos Aires en 2017 solo el 28% de las licencias de conducir fueron otorgadas a mujeres y en ese mismo año en Costa Rica apenas alcanzaron el 31%. En 2019, en mi natal Oaxaca sólo el 22% de las licencias correspondía a mujeres. Ni hablar de las licencias para conducir transporte público o carga, porque la brecha es inmensa: de acuerdo a WRI, 2020; en CDMX sólo el 1% de las licencias tipo B, C y D fueron otorgadas a mujeres. Esta es una gran barrera en la implementación real de la perspectiva de género en el sector transporte.

De ahí que se haga necesario hablar de la raíz de género de la violencia vial. De acuerdo con el Ministerio de Transporte de Argentina, la violencia vial se manifiesta en el no cumplimiento de las normas de tránsito, conducta que pone en riesgo la vida de quien conduce y de las personas alrededor. De ahí la importancia de incorporar la perspectiva de género en programas de sensibilización sobre conductas viales, por ejemplo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina asentó como requisito obligatorio para obtener la licencia de conducir, acreditar obligatoriamente un curso el curso de género.

 

Por último, decir que la violencia vial también se refleja en comportamientos hostiles y desiguales en la vía pública basados en el género, como agresiones verbales e intimidación, bajo el argumento estereotipado de que las mujeres somos “malas conductoras”. De manera que incluir políticas públicas en materia de movilidad con perspectiva de género orientadas a la inclusión de mujeres en toda la cadena del sector transporte, desde puestos directivos hasta la operación, campañas de sensibilización, y planeación de espacios públicos que consideren la movilidad de cuidados, entre otras; es imprescindible no sólo para que mujeres y hombres transitemos en igualdad, sino también como una estrategia poderosa de pacificación vial.

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Mariana Aragón Mijangos

Politóloga interesada en las interacciones entre género, espacio público y justicia social; actualmente es integrante del comité coordinador de la Red de Mujeres en Movimiento capítulo México, y realiza el proyecto de investigación “Gestión solidaria en el proceso de armonización, co-creación y apropiación de la Ley de Movilidad del Estado de Oaxaca”; una colaboración conjunta entre el Instituto Politécnico Nacional, Unidad CIIDIR-Oaxaca y la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca.